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TERCER FORO EUROPEO DE COHESIÓN. Bruselas, 10 y 11 de mayo 2004
La Comisión Europea organizó, los pasados días 10 y 11 el Tercer Foro de Cohesión, tras la publicación del Tercer Informe sobre la Cohesión Económica y Social en febrero de este año. Este evento contó con la participación de multitud de agentes de esta política, siguiendo el proceso de debate que inició el ex Comisario de Política Regional, Michel Barnier, en 2001 tras la aparición del Segundo Informe de Cohesión.
SESIÓN DE APERTURA DEL FORO
El Tercer Informe de Cohesión contiene la propuesta de la Comisión Europea de reforma de los Fondos Estructurales de cara a una Europa ampliada y que requerirá la revisión de los actuales Reglamentos. En este sentido, la propuesta de nuevos Reglamentos se espera que sea publicada por la Comisión en julio. A continuación, y a partir de esta base, habrá que llegar a un acuerdo entre las distintas posiciones de los Estados miembros que, en algunos casos, difieren mucho unas de otras.
Las disparidades dentro de la UE tras la ampliación van a aumentar. El objetivo es disminuirlas, no sólo por solidaridad sino para aumentar la competitividad. La política de cohesión es un instrumento para hacer frente a la globalización y se funda en el partenariado. En este marco, el Comité de las Regiones presentará su Informe sobre el Tercer Informe de Cohesión en la sesión plenaria de junio. Las líneas principales serán las siguientes: El porcentaje destinado a la política de cohesión sobre el total del presupuesto de la Unión, propuesto por la Comisión[1], es aceptable para el CdR y la distribución de los tres objetivos positiva. En cuanto al objetivo de convergencia, el CdR juzga necesario el desplazamiento de la ayuda hacia el Este pero también el apoyo a las regiones de efecto estadístico. Las reglas de transición deben tener en cuenta las particularidades de las regiones. Sobre el objetivo competitividad y empleo, es muy necesario y el CdR querría impulsar una mayor participación de las regiones en la preparación. El CdR se declara satisfecho de la toma en cuenta particular de la problemática de las ciudades y de la inclusión de varias de las sugerencias hechas a la Comisión durante la preparación del Informe de Cohesión.
Para el Comité Económico y Social, la política de cohesión debe dirigirse a reducir las diferencias regionales pero también sociales. El objetivo es favorecer la emergencia de planes de desarrollo local simplificando la normativa. Por otro lado, hay que impulsar el desarrollo de la sociedad civil en los nuevos Estados miembros. El CES sugiere una mejor supervisión de los gastos (evaluación) realizada por órganos independientes en cada región. La política de cohesión debe responder a los objetivos de Lisboa y ayudar a los nuevos países de la UE, favoreciendo la democracia participativa y acentuando el rol de los agentes sociales y económicos.
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) está al servicio de los objetivos de la UE y debe, por ello, contribuir al desarrollo de las regiones. Dos tercios de sus fondos se han destinado a desarrollo regional, lo que supone 82 millardos de euros en préstamos desde el año 2000. Durante el periodo 2000-2006 el total de préstamos con este objetivo será de 150 millardos de euros (180 en la Unión ampliada). Esta contribución del BEI será reforzada en el marco de la futura política de cohesión a partir de 2007.
Los objetivos marcados por la Comisión para la futura política de cohesión, ligados con los objetivos de Lisboa y vinculados a la innovación, la economía del conocimiento, la competitividad, etc. forman parte de los objetivos del BEI, por lo que cuentan con todo su apoyo. También las acciones a favor de las ciudades son muy positivas.
Es importante encontrar un equilibrio entre los recursos presupuestarios y los recursos del mercado, de manera que las intervenciones públicas puedan acelerar las inversiones privadas y se facilite una combinación óptima entre ambas. Se podría, por ejemplo, destinar una parte de financiación a encontrar un instrumento de ingeniería financiera que permita la combinación de ambas a la hora de financiar proyectos de cohesión. Otra cuestión importante es el modo de ejecución, sería importante una planificación global pero junto con un seguimiento y evaluación de la ejecución concreta.
UN NUEVO PARTENARIADO PARA LA COHESIÓN. Michel Barnier, ex Comisario de Política Regional
El primer reto de la futura política de cohesión es la ampliación; el segundo es el crecimiento económico. Para medir sus avances, la Estrategia de Lisboa y la Estrategia de Desarrollo Sostenible acordada en Gotemburgo marcan los objetivos. Existe, por tanto, una hoja de ruta, pero los medios disponibles actualmente no están a la altura y no se están consiguiendo los resultados esperados.
Ligada a esta primera constatación, se hace evidente la necesidad de reforzar la cohesión y de reducir las diferencias entre regiones: no podrán alcanzarse los objetivos de Lisboa si las regiones y municipios no pueden ser partes del proceso.
Además, para preservar la cohesión ésta debe evolucionar e incorporar otras consideraciones que mejoren su contribución a Lisboa, su coordinación con otras políticas, una mayor descentralización, transparencia y simplificación.
Un acuerdo para la futura Constitución permitirá la consolidación de la atención especial a zonas urbanas y zonas con especiales dificultades (islas, regiones ultraperiféricas, montaña), y la inclusión de la política de cohesión territorial en la misma.
El debate en el seno del Consejo sobre el futuro de la cohesión será difícil y dominado por la cuestión presupuestaria. Hay que tener en cuenta en la negociación una serie de cuestiones importantes: existe preocupación de la industria en las regiones del oeste, norte y sur de Europea, sobre el dumping fiscal y social en relación a los nuevos Estados miembros, que hay que tener en cuenta. En primer lugar, no hay que olvidar que sigue habiendo regiones en los 15 Estados que sufren efecto estadístico, sin haber aumentado realmente su nivel de renta, que hay que continuar apoyando. Además, en cuanto a las ayudas de Estado, las empresas invierten teniendo en cuenta los fondos estructurales más las ayudas de Estado, por lo que no debe permitirse que el desequilibrio entre lo que pueden recibir en el este y en el oeste sea demasiado grande.
Mesa Redonda 1. FIJAR UNA NUEVA AGENDA: LAS FUTURAS PRIORIDADES DE LA POLÍTICA DE COHESIÓN
Los futuros Reglamentos de los Fondos Estructurales y de Cohesión, cuya propuesta se publicará en julio, deben reflejar tres constataciones:
- las disparidades aumentarán en una Europa ampliada
- el crecimiento sostenible ha sido fijado como objetivo en Lisboa
- la nueva política de cohesión debe apoyarse sobre el partenariado
Para la Comisión, la prioridad de la política de cohesión deben ser las regiones menos desarrolladas, donde hay que centrar los recursos. Hay que focalizar los recursos además en la mejora de la competitividad. El capital humano es esencial para mejorar el empleo, la productividad y la calidad de vida. La inversión en capital humano a través de acciones de formación, nuevas tecnologías, formación a lo largo de toda la vida, etc. será especialmente apoyada. El Fondo Social Europeo (FSE) tiene que actuar como un catalizador de las acciones regionales y nacionales.
El representante de Hungría recordó las dificultades a que se enfrentará la política de cohesión durante los primeros años de la ampliación debido a las diferencias con los Estados ya integrantes de la UE, pero también a las diferencias entre los países que entran y a los radicales cambios que éstos han experimentado en los últimos años y que pueden generar tensión social. Por todo ello, se propone la posibilidad de revisar la política de cohesión en 2009-2010 con la base actual, ya que en estos primeros años además de estas dificultades habrá que contar con una segunda ampliación, con la introducción del euro y con una nueva composición de la Comisión.
La representación de Gales hizo hincapié en la dificultad de la negociación de los próximos meses y la necesidad de que los fondos se destinen a acciones que no serían posibles sin la cohesión y que ayuden realmente a las regiones a mejorar su situación, que tengan un real valor añadido europeo: las inversiones en infraestructuras “soft” y capital humano generan, en su opinión, más empleo y más entusiasmo que la inversión en verdaderas infraestructuras. La oportunidad que ofrece la política de cohesión pone de manifiesto el acierto de continuar con esta política de forma decidida y la necesidad de que su umbral se establezca por encima del 1%.
El Secretario de Estado de Hacienda de Alemania hizo referencia al mantenimiento del límite del 3% de déficit público dentro de la UE cuyo objetivo, dentro del Pacto de Estabilidad, es tener un presupuesto equilibrado. Por otro lado, aludió a la posición de su país de establecer el umbral de gasto de la política de cohesión en el 1% lo que, a su juicio, no supondría un bloqueo de los gastos, sino que el presupuesto comunitario sería de alrededor de 150 millardos en 2013 (actualmente es de 100 millardos). Con este porcentaje se financiarían de manera suficiente todos los objetivos de la cohesión indicados. Sin embargo la Comisión propone un límite del 0,46%, que supondría un aumento de 375 millardos de euros para el periodo 2007-2013 y un total de 100 millardos.
Para Alemania es necesario que los actuales beneficiarios de fondos sean solidarios con los nuevos Estados miembros, sin embargo la propuesta de la Comisión es sorprendente, ya que (según Alemania) se destinarán más fondos a la UE de 15 que de 25, con lo cuál esa concentración en los nuevos socios no se dará. Alemania no apoya que esto se realice a través de más fondos, sino de la redistribución de los actuales. De este modo, de los antiguos Estados miembros, tan sólo si alguna región tiene el mismo retraso que las nuevas, debería entonces recibir fondos (principio de igualdad de trato).
La Comisión corrigió a continuación estas afirmaciones, manifestando que la mayor parte de los créditos estarán destinados a los nuevos Estados miembros (el 63%) y que el aumento del 32% irá destinado a los nuevos socios. Los créditos destinados a los socios antiguos no van a aumentar.
Por su parte Gran Bretaña manifestó dos preocupaciones: el presupuesto no le parece realista (debe emplearse en acciones con real valor añadido europeo); además, la ayuda comunitaria debe dirigirse a las regiones menos desarrolladas y no hay razón justificada para repartir también los fondos a las regiones de la UE de 15.
La República Checa se manifestó en contra de toda renacionalización de la política de cohesión y a favor de la propuesta de la Comisión como una buena base para la discusión en cuanto al presupuesto y las cuestiones de simplificación e instrumentos.
La ciudad de Viena aportó la visión urbana, recordando la importancia de esta dimensión y la necesidad de que las ciudades participen en la preparación de la programación. También animó a la Comisión a que se designe un responsable específico en esta Institución para la política de las ciudades.
Por último Francia se declaró a favor de las propuestas de la Comisión (cohesión territorial, estimulación de los intercambios, impulso estratégico para el crecimiento), a excepción del presupuesto, que les parece excesivo.
Mesa Redonda 2. REFORMAR EL SISTEMA DE EJECUCIÓN: SIMPLIFICACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
El Secretario de Estado de Hacienda español, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, recordó la importancia del gradualismo en la disminución de las ayudas a las regiones actualmente beneficiarias en la reforma de los fondos y reclamó una fase transitoria también para el Fondo de Cohesión. Acerca de las perspectivas financieras, hay que tener en cuenta que la ampliación supone un coste adicional y la propuesta de la Comisión es un mínimo necesario para hacerlo posible.
Otra intervención española apoyó la prioridad de la competitividad y el empleo, basándose en los resultados de las acciones Objetivos 2 y 3. A esta prioridad debe otorgársele una gran importancia y por ello los recursos propuestos por la Comisión se estiman adecuados. También se opta por la simplificación de los criterios de elegibilidad de las regiones y por afinar más los criterios de distribución de recursos (no sólo el criterio de la población, sino la tasa de desempleo, las desventajas naturales, el nivel económico de la región, etc.
Finlandia sugiere una verdadera simplificación a través de una única regulación para los Fondos Estructurales que contenga las especificidades del FEDER y el FSE. Se apoya también la delegación de competencias propuesta por la Comisión a los Estados y las regiones, evitando que suponga mayor complejidad del sistema. El modelo de un fondo por programa puede simplificar también, pero sin que por ello se limiten las posibilidades de actuación.
Polonia otorga una gran importancia a la equidad en la solidaridad europea, teniendo en cuenta la situación de las regiones de efecto estadístico de los 15. También está a favor de la delegación de competencias a los Estados, de modo que el uso de los fondos se apoye más en los sistemas nacionales.
Suecia también se manifestó a favor de la necesidad de concentrar los esfuerzos en las regiones que más lo necesitan. También apoyó el mantenimiento de la regla n+2 y el establecimiento de un fondo por programa. En cuanto a la descentralización, es muy importante la participación regional en la elaboración de los programas.
SESIÓN DE CLAUSURA
El Comisario de Política de la Competencia, Mario Monti, presidió esta Sesión haciendo referencia a la cuestión de las ayudas de Estado. La política de competencia comparte plenamente el enfoque del Tercer Informe de Cohesión, con el objetivo común de dar un mayor impulso a las estrategias de competitividad. Así, la Comisión está revisando sus directrices de las ayudas regionales de cara a la ampliación, para reconciliar la reducción del volumen de ayudas con el objetivo de cohesión económica y social. Se trata de crear los incentivos más apropiados para que los operadores económicos puedan contribuir a aumentar el potencial de crecimiento regional mejorando la competitividad y la productividad, en vez de subvencionar empresas ineficientes o que causen serias distorsiones a la competencia y el comercio.
En este sentido, y ante la cuestión de la deslocalización de empresas, que suscita inquietud entre las regiones, la Comisión hizo referencia a dos Comunicaciones recientemente publicadas, una sobre Política Industrial[2] y otra sobre Competitividad[3] y, ante la demanda de un mayor control, recordó que la empresas están obligadas a devolver las ayudas recibidas si abandonan su localización durante los 5 años que siguen a la obtención de una de estas ayudas.