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A Política de Cohesión y Agricultura

PERSPECTIVAS FINANCIERAS: AVANCES EN LAS NEGOCIACIONES
15 febrero 2005

Las negociaciones sobre las perspectivas financieras para el próximo periodo 2007-2013 no han avanzado mucho desde el Informe de la Presidencia holandesa, presentado al Consejo Europeo de diciembre 2004, en el que se presentaban las posiciones de los distintos Estados miembros. Se recogían además cuestiones de importancia para España, como el principio de equidad en el reparto de las cargas. 

La actual Presidencia luxemburguesa ha dividido la negociación en dos fases: 

-         enero-febrero 2005: se lleva a cabo el examen de las cuestiones poco claras de la propuesta elaborada por la Comisión y el estudio de datos estadísticos para realizar cálculos, aunque éstos no sean definitivos (las cifras macroeconómicas estarán disponibles en primavera). Si se llega a un acuerdo en junio, como estaba planificado y sería deseable, las cifras de referencia serán las correspondientes a 2001-2002. El objetivo de esta fase no es elaborar un documento preparatorio de un acuerdo, sino simplemente trabajar en conjunto para aclarar conceptos

-         desde marzo: la Presidencia luxemburguesa irá construyendo la propuesta de conclusiones para el Consejo de junio después del Consejo de Primavera, que tendrá lugar en Bruselas el 22 y 23 de marzo, y donde se tratarán la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y la revisión intermedia de la Estrategia de Lisboa, cuestiones que, por el momento, retienen toda la atención de la Presidencia. Es a partir de ese momento cuando la Presidencia se centrará en la cuestión de las perspectivas financieras con vistas de que en el Consejo Europeo de junio pueda aprobarse un acuerdo.  

La posibilidad de llegar a un acuerdo en el Consejo Europeo de junio, como se pretende, existe; pero los problemas fundamentales siguen recayendo en el montante total de las perspectivas financieras, ya que el grupo de los 6 sigue sin modificar su posición de querer limitar el presupuesto al 1% del PIB y el resto de Estados miembros tampoco modifica su posición, y el cheque británico, ya que Gran Bretaña insiste en mantenerlo y los otros países en eliminarlo. 

Cuestiones principales acerca de los Fondos Estructurales 

Bajo Presidencia holandesa la única actividad por lo que respecta a los Fondos Estructurales se limitó a  emitir un informe de estado de la situación de los debates. El único Reglamento que se examinó con un poco más de atención fue la propuesta de Reglamento General[1]. 

Con la Presidencia luxemburguesa se hace hincapié en este Reglamento General. Los puntos principales a destacar y las posiciones de los Estados miembros al respecto son las siguientes: 

Titulo I: Objetivos y disposiciones generales 

Este Título recoge los principios aplicables a las ayudas. Hay acuerdo acerca del contenido de la propuesta entre los Estados miembros acerca de los principio, salvo en el cómputo de la adicionalidad (por la que la contribución de los Fondos Estructurales se acompaña de financiación del Estado miembro) y en el principio de igualdad entre hombres y mujeres (art. 14) que se refleja en el texto, ya que algunos países querrían definirlo de modo más amplio como un principio de no discriminación y revisar su modo de aplicación. 

Título II: Enfoque estratégico de la cohesión. 

 La Comisión está manteniendo reuniones bilaterales con los Estados miembros para tratar de avanzar en la cuestión de las orientaciones estratégicas comunitarias, cuyo documento deberá aprobarse 3 meses después de la aprobación del Reglamento General. A partir de ese momento, cada Estado elaborará el marco estratégico nacional de referencia, teniendo en cuenta las orientaciones estratégicas, el plan nacional de acción por el empleo y el desarrollo sostenible. Los programas operativos podrán ser presentados por los Estados al mismo tiempo que el marco estratégico. En el caso de España no se prevé que se presente conjuntamente. 

Título III: Programación. 

Este Título se refiere a los programas operativos, su elaboración, aprobación y contenido. Los programas operativos se presentarán a la Comisión por el Estado miembro, y deben encuadrarse en el marco estratégico nacional de referencia. No se trata de una cuestión que suscite problemas en el debate. 

Título IV: Eficacia. 

El aspecto fundamental es la evaluación, cuyas normas serán las mismas que actualmente. 

Hay dos tipos de reservas propuestos en el texto: La reserva de eficacia y calidad, destinada a recompensar a los Estados miembros que realicen progreso respecto a su situación inicial, y la reserva nacional de contingencias. 

Respecto a la reserva de eficacia y calidad, que se fija en un 3% de los recursos destinados al objetivo “convergencia” y al objetivo “competitividad regional y empleo”, el problema es que se trata de una reserva de carácter comunitario y no por Estado miembro; los Estados prefieren un paquete propio y la capacidad para distribuirlo (esta reserva será distribuida por el Consejo con arreglo a una serie de criterios). Por otro lado, el problema del reparto es que se toman como referencia datos macroeconómicos que tienen 2 años y que, por tanto, pueden no reflejar la realidad.  

Por todo ello es muy posible que esta reserva no se mantenga, ya que los Estados miembros son reacios (aunque es un gran empeño de la Comisión) o, si lo hace, tenga una base nacional y menor importancia administrativa, incluso carácter optativo.  

En cuanto a la reserva nacional de imprevistos, finalmente parece que será optativa. Esto es importante, ya que esta reserva implica destinar una parte de los recursos financieros a posibles crisis sectoriales o locales imprevistas y vinculadas a la reestructuración económica y social o derivadas de la apertura de los mercados. 

Título V: Contribución financiera de los Fondos. 

El porcentaje de contribución de los Fondos Estructurales se verá aumentado para regiones con una serie de particularidades, como son las regiones ultraperiféricas, islas, zonas de montaña, zonas escasamente pobladas, zonas fronterizas.  No hay controversia en la discusión de estas cuestiones.  

Título VI: Gestión, seguimiento y control. 

El mayor cambio será acerca del control, el control de los Estados miembros va a aumentar notablemente, ya que estarán obligados, tras la aprobación de los programas operativos y antes de comenzar a ejecutarlos,  a remitir a la Comisión una descripción de los sistemas de gestión y control, acompañados de un informe independiente que asegure que se cumplen los criterios contenidos en el Reglamento General. Cada año, además, habrá unos informes anuales de control, que determinarán si los sistemas establecidos proporcionan información fiable sobre si las declaraciones de gastos son correctas.  

Título VII: Gestión financiera. 

Directamente relacionado con lo anterior, este Título establece que si el informe anual de control no fuera positivo, la Comisión podría no hacer los pagos intermedios hasta que se tomen las medidas necesarias para subsanar la situación. También podrá suspender y paralizar los pagos intermedios si persiste una irregularidad o una deficiencia grave en el sistema de control y no se adopten medidas correctoras.  

Otras cuestiones 

Si la posición que apoya la reducción del gasto global presupuestario propuesto por la Comisión tiene éxito, ésta se producirá no sólo de la rúbrica 1b (cohesión para el crecimiento y el empleo- Política de cohesión), sino de todas las categorías de gasto, aunque teniendo en cuenta que, bloqueado como está el presupuesto para la PAC hasta 2013, el presupuesto más elevado es el de la política de cohesión y, por tanto, de donde más se reducirá. Por otro lado, todos los Estados miembros creen que la rúbrica 1a (competitividad para el crecimiento y el empleo) es muy elevada, por lo que se puede pensar que habría capacidad de reducción dentro de esta rúbrica también. 

En cuanto a la posición española, España podría sufrir una pérdida importante de saldo. Se han mantenido conversaciones bilaterales con otros Estados miembros y con la Comisión para sensibilizar acerca de este problema, aunque es pronto todavía para saber cuál será la solución que se adopte. España pide como solución un periodo transitorio del Fondo de Cohesión, del que saldrá en 2007. Esta sería la solución más simple y más fácil de comprender por otros Estados miembros. El argumento que se ha ofrecido en contra es que no hay base jurídica para ese periodo transitorio y que Irlanda, cuando salió del Fondo de Cohesión, no tuvo. 

Otras soluciones que podrían ser pedidas por España son un refuerzo de los periodos transitorios de las regiones phasing out y phasing in (las que salen del objetivo 1 y las que entran en el objetivo competitividad y empleo) de manera que se otorgue la misma intensidad de ayuda que para las regiones phasing out, lo cuál supondría un montante adicional para España importante. Otra cuestión que se ha pedido como solución es que las regiones phasing in puedan ampliar su ámbito de actividades, que se les dé igual flexibilidad a la hora de elegir los tipos de actividad que a las regiones phasing out. Es muy difícil que se obtenga una equiparación entre ambas, pero es posible que se logre obtener una mayor flexibilidad. Otra posible solución es el Fondo de Convergencia Tecnológica, incluido en la rúbrica 1a y destinada a Estados miembros con un bajo nivel materia tecnológica aunque hayan alcanzado la convergencia. En todo caso el artículo 159 del Tratado (cohesión económica y social) permite adoptar soluciones, ya que permite la adopción de acciones por parte del Consejo en razón de necesidades de acciones específicas, por lo que España está abierta a todo tipo de propuestas. 

Con respecto a la propuesta de Reglamento sobre una Agrupación Europea de Cooperación Transfronteriza, el único Estado completamente en contra es Alemania, que alega que este instrumento no es necesario. Otros países todavía no tienen una posición al respecto y otros ven serias dificultades de aplicación (por ejemplo en cuanto a la responsabilidad ilimitada de los miembros de la agrupación por las deudas, cuando en España por ejemplo la responsabilidad es siempre limitada. Bélgica y Austria apoyan el proyecto. Se prevé una tramitación larga y se deberá tener en cuenta además la posición que adopte el Parlamento Europeo.