• Tomas Grönberg, Miembro del gabinete de la Comisaria Wallström. Contratos Tripartitos entre la Comisión, Estado miembro y autoridades regionales y locales.

La idea de realizar este nuevo tipo de contratos surgió en un grupo de trabajo de la Comisión que estudiaba los efectos prácticos del Libro Blanco sobre la Gobernanza, y se introdujo como una de las acciones del Libro Blanco. El contrato tripartito facilitaría el acercamiento “pensar globalmente, actúar localmente”, pues el grupo de trabajo observó que con estos contratos se podría conseguir una implantación de las políticas más flexible y más eficaz. Su objetivo es encontrar soluciones a medida. Si bien no es una idea viable para todas las políticas, sí que pueden implantarse para algunas líneas de la política de medio ambiente.

Los socios serían aquellos que lo deseen y lo expresen abiertamente, la Comisión sólo actuaría en su esfera de acción y siempre con base legal comunitaria. Las regiones y autoridades locales que participen en el contrato tendrán que tener base legal para hacerlo o, el consentimiento explícito del Estado miembro. Aquellas que no formen parte de un contrato seguirían aplicando la legislación general de medio ambiente. Al constituirse en una contraparte contratante de la Comisión, gozarán de una seguridad legal específica que será muy ventajosa.

La Comisión quiere que estas ideas del grupo de trabajo se pongan en práctica, siempre respetando el TCE. De esta forma se realizaría un contrato entre la Comisión, el Estado miembro y la autoridad local o regional designada, se establecerán las acciones que tomará dicha autoridad, se acordarán medidas de control y seguimiento, el objeto siempre serán áreas en que la región o el municipio sea competente, según su legislación nacional, para implementar.

La Comisión pretende que el primer contrato piloto tenga por objeto una línea de la política medioambiental (por ejemplo residuos), que en abril de 2002 ya exista un borrador del mismo, en septiembre de 2002 ya se haya elegido al Estado miembro y la región o municipio que participarán en el contrato, y en noviembre de 2002 pueda ponerse en marcha.

• Andrew Howell, Consejo municipal de Birmingham. Conseguir que la legislación medioambiental de fuerte impacto territorial sea más flexible

Con el Libro Blanco sobre Gobernanza se pretende convertir la antigua actitud de verticalidad, en horizontalidad a la hora de trazar políticas y de aplicarlas. El Libro Blanco establece que la Comisión deberá trabajar de manera más organizada y sistemática, a través de su cooperación con redes, asociaciones locales y regionales, en un estadio temprano del diseño de políticas. Sin embargo, la aplicación de legislación flexible, no debe convertirse en una manera de rebajar los estándares medioambientales. Tampoco podrá traducirse en la permanencia de actitudes dañinas para el medio ambiente, que de otra forma se hubiesen interrumpido.

Sería positivo generalizar la actitud de la Comisión con respecto a la Directiva de Ruido: se establecieron 2 grupos de trabajo, uno de los cuales estaba presidido por una ciudad, y en los que estaban representados los actores civiles. Es importante seguir con este mismo criterio.

SESIÓN 2: COOPERACIÓN REFORZADA Y COMUNICACIÓN EN UNA EUROPA DE DISTINTOS NIVELES

• Pascal Lefèvre, DG Medioambiente. Normas mínimas de consulta y acuerdos de asociación

El Libro blanco enuncia cinco principios entre los que se encuentra el de la participación. Además, dicho Libro blanco propone cuatro ejes de cambio, el primero de los cuales es el acrecentar la participación de los actores. A este respecto, la Comisión lleva a cabo una política de diálogo y de consulta. Sin embargo, desea ir más allá. El Libro blanco sugiere el establecimiento de un código de conducta que defina las normas mínimas de consulta, aplicables a todos los servicios de la Comisión. La existencia de un código de conducta para la consulta permitiría alcanzar una mayor transparencia e igualdad de trato.

El Libro Blanco habla del código en la sección relativa a “la implicación de la sociedad civil”, entendiendo como tal a las organizaciones sindicales y patronales, las ONGs, las asociaciones profesionales, las organizaciones caritativas, las organizaciones de base, así como las organizaciones que hacen que los ciudadanos se impliquen en la vida local y municipal, de acuerdo con la definición del Comité Económico y Social de 1999.

El código responderá, como mínimo, a cuatro preocupaciones:

• ¿Sobre qué consultar?
• ¿Cuándo consultar?
• ¿A quién consultar?
• ¿Cómo consultar?

El Libro blanco señala como fecha para la adopción del código finales de 2001. Este plazo no podrá cumplirse, por lo que es más realista plantear otras dos fechas:

Antes de que finalice el proceso de consulta del Libro blanco, es decir, antes del 31 de marzo de 2002;

Después de que finalice dicho proceso.

En cuanto a los acuerdos de asociación se emplearían en aquellos sectores en los que la cultura de negociación está más desarrollada.

- ¿con quién se firmaría estos acuerdos?

En teoría la respuesta es la misma que para el código de conducta. Sin embargo, nada impide que la Comisión concluya acuerdos de asociación independientes con entes regionales y municipales.

- ¿qué contendrán estos acuerdos?

Contendrán garantías de consulta de la parte de la Comisión.

- ¿cuándo se concluirán los acuerdos?

El Libro blanco establece “a partir de 2002”. A este respecto, el Plan de acción de gobernanza medioambiental para 2002, recientemente aprobado por la Comisaria Wallström, prevé la discusión de la eventual conclusión de un acuerdo de asociación con las ONGs medioambientales más representativas.

• Ylva Tiveus, DG Medio Ambiente. El papel de las autoridades locales y regionales en una estrategia pro-activa de comunicaciones medioambientales

El mensaje principal del Libro Blanco de la Comisión es cómo involucrar a la sociedad civil y a las autoridades regionales y locales en el proceso de toma de decisiones, desde la consulta y el diálogo, hasta la decisión final. Pero sin la existencia de comunicaciones proactivas no habrá una implementación eficiente y duradera. La existencia de comunicaciones proactivas no equivale a que la Comisión sea el único actor que establezca la agenda o defina el contenido de comunicaciones bidireccionales con las autoridades regionales y locales. Una estrategia de comunicación proactiva con (mejor que hacia) autoridades regionales y locales necesita tener en cuenta los nuevos roles asignados a dichas autoridades de acuerdo con el principio de gobernanza. También necesita de un diálogo sistemático en las primeras fases del proceso de elaboración de políticas así como tomar en consideración las distintas condiciones regionales y locales existentes.

El medioambiente es la primera área política en tomar parte en un proyecto piloto tripartito cuyo fin es facilitar la implementación de la legislación. Se ha discutido cómo llevar a cabo dichos contratos así como por quién han de ser instaurados. Los proyectos piloto que incluyan el desarrollo, la transferencia y el intercambio de prácticas sobre cómo hacer que los ciudadanos se involucren en un cambio de actitud frente al medioambiente aportarán un importante valor añadido.

Hay que destacar la importancia crucial de los niños y los jóvenes como objetivo y como multiplicadores de las comunicaciones. Sin embargo ni los niños ni los jóvenes participan en el proceso de diseño ni en el de decisión, por lo que cuentan con poca capacidad de influir. A pesar de ello, los jóvenes se muestran favorables a participar. Según una encuesta llevada a cabo por la Comisión, casi el 50% de los jóvenes europeos encuestados desearía ser consultado sobre decisiones que les afecten. Así, partenariados con escuelas locales pueden llevar a nuevas sinergias.

El Sexto Programa de Acción Medioambiental establece como una de sus prioridades proveer a los ciudadanos de más información medioambiental, lo que puede estimular el diálogo, punto también  señalado en la Convención de Aarhus.

La comunicación, sin embargo, no es una actividad aislada. Se desarrolla en un escenario complejo en el que la percepción que se tiene de las fuentes y cómo nos vemos en relación a dichas fuentes, juegan un papel fundamental. A este respecto, cabe señalar que, según la encuesta de eurobarómetro de 1999, el 51% de los ciudadanos europeos encuestados consideraban las ONGs como la fuente más fiable por lo que se refiere a información sobre temas medioambientales.

Una forma de que la Comisión asegure no sólo el mantenimiento, sino también el desarrollo de ese canal de comunicación es el lanzamiento del nuevo Programa de Acción, el cual promociona a las ONGs medioambientales europeas. Dicho programa será relevante para las ONGs tanto en los Estados miembros como en su acceso a los países balcánicos. El objetivo es involucrarlas en el proceso de elaboración de políticas, así como otorgar apoyo financiero a grupos que deseen desarrollar y participar en eventos de comunicación en un contexto de “joint-venture”. De esta forma, se puede hacer llegar información sobre medioambiente o sobre desarrollo sostenible a los ciudadanos por canales distintos al de la Comisión.

Sin embargo, la Dirección General de Medioambiente ha ido más allá de la simple descentralización del suministro de información desarrollando iniciativas de comunicación con autoridades regionales y locales; un ejemplo de ello es la red de fórums urbanos por un desarrollo sostenible que incluye no sólo a autoridades locales, sino también a compañías locales, institutos de investigación medioambiental y ONGs.

A pesar de todo, las acciones llevadas a cabo con autoridades regionales necesitan mejorarse. Esto se debe a la heterogeneidad de las estructuras regionales de la UE y a la escasez de prácticas compartidas. Así, un modelo único aplicable a todos es improbable, debería diseñarse un modelo para cada caso. Este punto podría incluirse en las conferencias de la próxima edición de la Semana Verde (abril de 2002).

SESIÓN 3: DESCENTRALIZACIÓN, COORDINACIÓN Y SUBSIDIARIEDAD

• Jacques Rey, Consejo de municipios y regiones de Europa (CCRE)

La CCRE mantiene desde hace numerosos años un diálogo constructivo con la Comisión. Su posición de cara al Libro Blanco sobre la Gobernanza es de acogida favorable. Sin embargo, persisten algunas preocupaciones respecto a la aplicación de Libro Blanco en el campo del medio ambiente:

• Hace falta una mejor gobernanza a nivel local y regional, porque los ciudadanos quieren participar y porque la acción pública tiene sus límites. Muchas colectividades han creado asociaciones con los ciudadanos y los diferentes actores afectados, con el fin de implicarlos en las consultas y en la puesta en marcha de medidas a nivel local.
• Una vez la gobernanza funcione mejor a nivel local, entonces podrá pasarse a otras esferas de gobernanza: nacional y europeo. En este nuevo contexto el CCRE apoya la postura de la Comisión de producir legislación en forma de Directivas marco, que impongan unos criterios europeos pero que permiten a las autoridades locales y regionles buscar la mejor manera de implantarlos. Sería incluso conveniente que estas Directivas marco incluyeran una cláusula de consulta obligatoria.
• Dialogo a  nivel europeo: sería deseable que existiera una mejor articulación de las distintas esferas de gobernanza, siempre respetando el principio de subsidiariedad, que permita al ciudadano delegar hacia las esferas más altas. Para ello, se sugieren las siguientes propuestas:
  • Un partenariado permanente entre la Comisión y las asociaciones representativas de las colectividades, y un intercambio de información a lo largo del proceso decisional;
  • Una codificación de las disposiciones de consulta, incluyendo una relación de consultas efectuadas;
  • Diálogo anual entre los comisarios afectados y los representantes de las colectividades locales y regionales;
  • Creación de la figura de un consejero para cada comisario, a cargo de las relaciones con las colectividades locales y regionales;
  • Acceso de los expertos de las colectividades locales y regionales a la comitología.
• Debe existir una mayor coherencia a nivel horizontal, entre las distintas políticas puestas en marcha a nivel europeo. Si la UE quiere promocionar el desarrollo sostenible deberá, en primer lugar, eliminar las contradicciones existentes entre el mercado interior y el medio ambiente, especialmente en lo que se refiere a la reforma de las Directivas sobre la contratación pública.

• Audrey Böhm- Amtmann, Delegación de Baviera ante la UE. Subsidiariedad y toma de decisiones en el marco del medio ambiente.

La DG Medio Ambiente ha sido pionera en la utilización de redes para implicar a los principales actores afectados por sus políticas, entre los que están incluidas las regiones. Desde la entrada en vigor del Tratado de Maastricht se ha tenido especialmente en cuenta el principio de subsidiariedad especialmente en cuanto a la responsabilidad de ejecución.

Con respecto al Libro Blanco, el concepto de gobernanza no debe confundirse con la delimitación de poderes que deberá discutirse en la Conferencia Intergubernamental de 2004. La nueva gobernanza para un ejercicio “más democrático y más efectivo” de las competencia comunitarias se refiere a las competencias comunitarias existentes hoy.

• Hans Pluckel, Ranstad Region

El Libro Blanco sobre la Gobernanza ha dejado claro que es necesaria una cooperación a todos los niveles de gobierno, y no solamente a nivel regional y local. Para analizar esta cooperación utilizaremos el sistema de las 4 “P”: Posición, Problemas, Posibilidades y Propuestas:

1. Posición: en una Europa a muchos niveles, en lo que se refiere a la protección del medio ambiente y en relación con las regiones y ciudades observamos que hay unos lazos tanto horizontales como verticales entre los niveles europeo, nacional y local y regional.
2. Problemas a nivel regional y local: Existen dos tipos de problemas: los de tipo general y los particulares del medio ambiente. En cuanto a los primeros, podemos destacar la ineficacia de los canales de información a nivel local y regional; los lazos formales y jerárquicos que existen en la actualidad y la   falta de reflejo en la legislación, de la diversidad regional. En cuanto a los problemas específicos del medio ambiente destaca el hecho de que la contaminación ambiental no conoce fronteras, lo que supone en problema para toda Europa en su conjunto, por otro lado, la comunicación entre los actores políticos es limitada.
3. Posibilidades a nivel local y regional: existen posibilidades de tipo general, como son la creación y mantenimiento de capacidades, la mayor implicación en la creación legislativa europea, retroalimentación de regiones y ciudades a la implantación de legislación por parte de la UE, intercambio de información y de mejores prácticas y, por último, la e-gobernanza. En cuanto a las posibilidades específicas dentro de la política de medio ambiente destacan los nuevos instrumentos, tales como las políticas integrales y los convenios de entidades públicas y privadas, las redes apoyadas por los políticos, los grupos de interés, proyectos conjuntos ...
4. Propuestas para una Europa a muchos niveles:
   1. Desde la DG Medio Ambiente: implicar a las regiones y ciudades en un estadio temprano del proceso decisional;
   2. Desde el nivel nacional: creación de helpdesks
   3. Creación de programas de eLearning
   4. Creación de redes de regiones y municipios.

SESIÓN 4: GOBERNANZA MEDIO AMBIENTAL GLOBAL, AMPLIACIÓN, CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL Y PROXIMIDAD

• Soledad Blanco, DG Medio Ambiente. Cooperación medioambiental con terceros países europeos.

La futura ampliación de la Unión Europea conllevará cambios en la forma en la que las autoridades locales y regionales de los países candidatos se relacionan con la administración medioambiental. A este respecto, cabe señalar que el tema medioambiental ha adquirido un importante peso, tanto en las negociaciones como en el debate público. Es destacable el hecho de que los países candidatos a la adhesión hayan de adoptar el acervo comunitario, el cual, en materia medioambiental, contiene alrededor de 270 normas. Por otro lado, se presenta el reto administrativo. El reto estriba en la capacidad de la administración a la hora de implementar y reforzar las leyes. Tanto la implementación como el refuerzo mencionados deberán ser llevados a cabo por las autoridades locales y regionales, las cuales cobran importancia una vez finalizadas las negociaciones de acceso. Además de los retos administrativos y legislativos, la ampliación supone un reto financiero. La implementación de las directivas medioambientales en los diez países candidatos de la Europa Central y Oriental supondrá una fuerte inversión. La ayuda financiera de la Unión Europea para la preadhesión pretende facilitar   la adopción del acervo comunitario por parte de los países candidatos. La gestión de estos recursos financieros continúa estando centralizada, aunque las autoridades regionales y locales juegan un papel cada vez más importante.

• Pia Bucella, DG Medio Ambiente.La Conferencia Intergubernamental de 2004: Imput de las autoridades regionales y locales en temas medioambientales

La CIG de Niza hizo un llamamiento a un debate más amplio sobre el futuro de la UE que incluyera a todas las partes interesadas que reflejen la opinión pública. Dicho debate se ve reflejado en la Declaración de Laeken, una vez la Presidencia Belga ha presentado al Consejo Europeo la propuesta de creación de una Convención para preparar la reforma de los Tratados. Dicha Convención debería tomar en consideración la delimitación de poderes entre la UE y los Estados Miembros de acuerdo con el principio de subsidiariedad, así como la simplificación de los Tratados. Tanto el Comité de las Regiones como el Comité Económico y Social contarán con el status de observadores en dicha Convención. En dicha Convención deberían tratarse temas tales como la promoción del diálogo ante cambios en los Tratados, la consulta y participación de la sociedad civil, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones o la política medioambiental comunitaria.

En cuanto al Comité Económico y social y al Comité de las Regiones, cabe señalar, en primer lugar que el Comité Económico y Social ha iniciado un proceso de reforma para fortalecer su papel como forum para la sociedad civil. En cuanto al Comité de las Regiones, hay que decir que éste juega un papel importante a la hora de asegurar que las voces de las autoridades regionales y locales y las de la sociedad civil en general se oigan a nivel europeo.

Por último, en lo referido a la política medioambiental, cabe destacar el hecho de que dicha política continúa sometida, en determinadas áreas, a la aprobación por unanimidad en el Consejo, aunque la Comisión se muestra favorable a la extensión del voto por mayoría a esas áreas de la política.

A modo conclusión señalar que hay otros temas que merecen atención, como son el de una posible reforma en los procedimientos de la comitología, orientada a la extensión de la participación en el proceso; hasta qué extremo se debería desarrollar la consulta a autoridades regionales y locales y a grupos representativos o cómo instrumentalizar órganos como el Comité de las Regiones para conseguir involucrar a autoridades locales y regionales en los procesos de elaboración de legislación y políticas comunitarias e, incluso, incluirlas en el proceso de toma de decisiones.