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LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA U.E.
El Consejo de la Unión Europea es un órgano de impulso político y de coordinación de las políticas nacionales. Está formado por un representante con rango ministerial de la materia de que se trate, de cada Estado miembro, facultado para comprometer a su Gobierno. En el Consejo, son los Estados los representados: legislan, acuerdan objetivos políticos y resuelven diferencias a alto nivel. Se estructura en torno a una Presidencia, ejercida por rotación, de seis meses de duración. El orden de esta rotación se estableció en la Decisión del Consejo de 1 de enero de 1995.
El Consejo Europeo, compuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno, dota a la Unión Europea de los impulsos necesarios para su desarrollo y define sus orientaciones políticas generales. Se reúne con una periodicidad de al menos dos veces al año, bajo la Presidencia del Jefe de Estado o de Gobierno del Estado miembro que ejerce la Presidencia del Consejo. En el caso de la Presidencia española se celebrarán dos Consejos Europeos, uno en Barcelona (marzo) y otro en Sevilla (junio).
En enero de 2002 comienza la Presidencia española del Consejo, que se ejercerá hasta julio de 2002. Las Presidencias del año 2001 correspondieron a Suecia y Bélgica (inmediatamente anterior a España). La Presidencia de la Unión en la segunda mitad de 2002 corresponderá a Dinamarca y le seguirán Grecia e Italia en 2003.
LAS PRIORIDADES DE LA PRESIDENCIA
Las prioridades de la Presidencia son los temas clave que van a guiar la actuación de ésta durante esos seis meses. Las prioridades no se deciden de manera unilateral por el Estado que ejerce la Presidencia, puesto que en ella influyen tanto factores externos como las políticas impulsadas por anteriores Presidencias y que se prolongan a lo largo de sucesivos turnos de Presidencia. La gestión realizada por una Presidencia será juzgada principalmente en base a los avances y acuerdos logrados sobre propuestas legislativas que se presenten durante su mandato.
El periodo en el que España ejercerá la Presidencia de turno, vendrá marcado por dos importantes factores:
Las prioridades de la Presidencia española mantendrán una línea de continuidad con los trabajos realizados durante las Presidencias de Suecia y Bélgica y se dará un gran impulso a la cooperación judicial y a la defensa, como consecuencia de los atentados anteriormente mencionados.
LAS PRIORIDADES DE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA
Seguridad, libertad y justicia
España ha retomado el objetivo de creación de un Espacio Europeo Único de Libertad, Seguridad y Justicia en el 2004, objetivo fijado en el Consejo Europeo de Tampere de octubre de 1999. También se dará impulso a un nuevo modelo de cooperación jurídica (lucha contra la criminalidad organizada, euro-orden) y a la política de inmigración y asilo- cuyo objetivo final es que ésta sea común-en especial en lo que respecta a la definición común del término “refugiado”.
España también aprovechará su condición de interlocutor privilegiado con la orilla sur del Mediterráneo para promover la adopción de un programa regional euro-mediterráneo para la cooperación en materia de justicia e interior.
Política exterior y de seguridad común
La agenda de la Presidencia española es muy ambiciosa en esta área, que se verá marcada por los acontecimientos del 11 de septiembre. La Unión Europea necesita una fuerza de seguridad efectiva y de calidad. Esta afirmación ha adquirido una nueva dimensión tras los ataques terroristas de dicha fecha.
La Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD) tendrá como prioridades verificar el funcionamiento de las estructuras declaradas operativas en diciembre 2001, impulsar medidas concretas para completar las capacidades militares y civiles que aún le faltan para el 2003, y hacer un esfuerzo por cooperar en el seno de la OTAN, y, al mismo tiempo, lograr una identidad en defensa distinta de la de la Alianza. En estos ámbitos, la Presidencia española jugará, sin duda, un papel destacado.
Asuntos exteriores, comercio y ayuda al desarrollo
De nuevo, la privilegiada posición de España en su relación con los países de América Latina y Caribe, países iberoamericanos permitirá dar un mayor impulso a las relaciones estratégicas entre la UE y los países latinoamericanos y caribeños, tanto en el ámbito político, como en el comercial. La Cumbre UE-América Latina y Caribe, que se celebrará en mayo, estará destinada a fortalecer estas relaciones, potenciando el ámbito económico.
Respecto a los países del sur y este del Mediterráneo, la cooperación euro-mediterránea es una de las prioridades fundamentales, que se traduce en el impulso al proceso de Barcelona con el fin último de constituir una zona de libre cambio y potenciando la dimensión social y cultural. La V Conferencia Euro-mediterránea tendrá lugar en abril y proseguirá esta labor hacia un partenariado euro-mediterráneo.
En relación al comercio exterior, la nueva ronda de negociaciones de la OMC y la adhesión de nuevos miembros son las cuestiones prioritarias, junto con el objetivo de crear una zona de libre cambio UE-Chile y UE-Mercosur.
En ayuda al desarrollo, España quiere intensificar su cooperación en diversos asuntos como sanidad y derechos humanos.
Ampliación
Durante el mandato español en el seno del Consejo habrán de acometerse importantes negociaciones con los países candidatos a la adhesión, con el objetivo de ir avanzando en los capítulos pendientes y poder cumplir con el calendario establecido por la Comisión, de modo que sea posible finalizar las negociaciones con los candidatos mejor preparados antes del final de 2002. España quiere presentar una posición abierta respecto a la integración del mayor número de países posible.
El euro
El comienzo de la Presidencia española coincide con la puesta en circulación de la moneda única en los 12 países que han entrado en la Unión Monetaria. La prioridad española es que la introducción del euro se produzca dentro de una estabilidad macroeconómica. La Presidencia será responsable de coordinar la información a los ciudadanos sobre todas las cuestiones relativas a la correcta utilización de la nueva moneda y de poner en marcha mecanismos de resolución de los posibles problemas
Reforma institucional y futuro de Europa
El Libro Blanco de la Comisión sobre la Gobernanza Europea, la ratificación del Tratado de Niza y las necesarias reformas que deben de acometerse en el seno de las Instituciones para que la Unión esté preparada para integrar en su seno a los países candidatos y seguir funcionando adecuadamente, constituyen unos importantes retos que a la Presidencia española tocará preparar, impulsar y avanzar en ellos.
Mercado interior
La Presidencia española se ha fijado como objetivo en este campo dar impulso a los objetivos fijados en la Cumbre de Lisboa, que suponen convertir a la UE en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, de modo que el aumento del crecimiento económico se traduzca en una mejor calidad de vida para todos los sectores de la sociedad, eliminando obstáculos como la discriminación y la exclusión social.
Trabajo y asuntos sociales
Los acuerdos en la Cumbre de Lisboa en marzo de 2000, dirigidos a asegurar un desarrollo sostenible, el pleno empleo y una mayor cohesión social, servirán de base para los impulsos de la Presidencia española en este ámbito. Se proseguirá con el desarrollo de la Agenda de política social a favor de la modernización y mejora del modelo social europeo, la lucha por la inclusión social y la cooperación entre los sistemas de protección social.
Seguridad alimentaria y protección de los consumidores
La Autoridad Alimentaria Europea comenzará a existir durante la Presidencia española. Ella aglutinará aquellas materias relacionadas con la seguridad alimentaria, salud de los animales, organismos genéticamente modificados etc. La Presidencia española trabajará, por tanto, en estrecha colaboración con la AAE en importantes asuntos como la calidad y seguridad a lo largo de toda la cadena alimentaria.
Educación
En relación con los resultados de la Cumbre de Lisboa, es fundamental la política de formación a lo largo de toda la vida, que tiene por objetivo adaptar a los trabajadores a las nuevas necesidades que surgen en el mercado del empleo. Para ello, la Presidencia respaldará a la Comisión en la implantación del plan de acción en la materia.
La iniciativa e-learning se dirige a modernizar las estructuras educativas de cara a la introducción de las nuevas tecnologías y a la formación de todos los sectores sociales y adaptar, en definitiva, los sistemas de educación y formación a la sociedad del conocimiento.
Por otro lado, se continuará con los trabajos en pos del reconocimiento de las cualificaciones profesionales, para que la libertad de circulación de personas en la Unión sea una realidad.
Telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnología
A la Presidencia española le esperan dos ambiciosos retos en este ámbito. En primer lugar la aprobación de la Directiva sobre liberalización de los servicios postales: los debates mantenidos en este tema durante la presidencia belga, han demostrado lo controvertido del asunto, aunque se ha conseguido llegar a un acuerdo político. Por otro lado, también deberá aprobarse, antes del fin de la Presidencia española, el marco reglamentario de las comunicaciones electrónicas, en el que se incluyen cinco Directivas (una marco y cuatro específicas) que han generado numerosos puntos de conflicto entre los Estados miembros.
En cuanto a la implantación de la sociedad de la información, constituida por la iniciativa eEurope, se hará un balance del Plan de Acción eEurope 2002, con objeto de preparar su continuación.
Medio Ambiente
Las actuaciones de la Presidencia española en este ámbito vendrán determinadas por las iniciativas legislativas comenzadas en anteriores presidencias y por la participación de la UE en distintos foros internacionales de protección del medio ambiente. En este sentido, la Estrategia Europea sobre el Desarrollo Sostenible, acordada en el Consejo de Gotemburgo, será impulsada y se elaborarán unas orientaciones políticas. Además, se preparará la participación de la UE en la Cumbre de la Tierra (Río+10) que tendrá lugar en Johannesburgo.
Transporte y energía
En Transporte la Presidencia española acometerá un ambicioso programa en el que se incluye continuar los trabajos legislativos en relación a la seguridad de los transportes (paquetes de medidas Erika I y II para el transporte marítimo); en cuanto a la mejora del mercado de transportes, la liberalización del ferrocarril, la mejora de las redes de transporte combinado, para el transporte terrestre, y, por último, en transporte aéreo, además de la creación de la Agencia de la Aviación de Seguridad Europea y modificación del Reglamento Hushkit (sobre ruido de aviones), la UE tendrá que hacer frente a la importante crisis en el sector.
En Energía la Presidencia española buscará una mayor liberalización de los mercados de gas y electricidad, una mejora de la eficacia energética y fomento de energías renovables (ahorro energético) y un incremento de la seguridad en el suministro de energía a través de la promoción de los recursos nacionales.
Investigación y desarrollo
Los esfuerzos se enfocarán en hacer posible la creación de un verdadero Espacio Europeo de Investigación. También promocionará la cooperación internacional en este ámbito, y especialmente con Latinoamérica.
El Consejo deberá adoptar el VI Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico (2002-2006), al que se ha dotado con un presupuesto mucho mayor que el asignado al anterior Programa Marco, y en el que tendrán cabida diversas formas de investigación en muy diversos ámbitos.
Servicios financieros y asuntos fiscales
La Presidencia española dará impulso a importantes temas en estos ámbitos, entre los que podemos destacar el impulso que se dará a las iniciativas de la UE contenidas en el Plan de acción de los servicios financieros, a cuestiones relacionadas con la seguridad en los mercados financieros y a la lucha contra los abusos del mercado, y presentará una propuesta de Directiva sobre la responsabilidad de las inversiones colectivas en títulos transferibles, a la vez que se impulsarán los avances en la propuesta de Directiva sobre la aplicación del IVA a los servicios electrónicos.
En cuanto a las medidas tributarias, destacan el impulso que se dará a la aprobación del llamado “paquete fiscal”, en concreto a la Directiva sobre la fiscalidad de los ahorros y al código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas.
