El Decreto
117/2004, de
29 de julio, en su artículo 3, entre las funciones que
atribuye a la Viceconsejería de Educación, explicita las siguientes:
- La planificación de la gestión de la red de centros de
Apoyo al Profesorado y de la formación y evaluación de los asesores
de formación, así como la fijación de criterios generales relativos a
su selección.
Por su parte la
LOCE, en la Exposición de motivos señala: “por la fundamental
importancia que tiene la calidad de la relación profesor-alumno,
núcleo de la educación, para obtener buenos resultados escolares, y
por el elevado efecto multiplicador que dicha relación comporta, las
políticas dirigidas al profesorado constituyen el elemento más
valioso y decisivo a la hora de lograr la eficacia y la eficiencia de
los sistemas de educación y de formación”.
Y en el artículo
57 determina que “las Administraciones educativas promoverán la
actualización y la mejora continua de la cualificación profesional de
los profesores y la adecuación de sus conocimientos y métodos a la
evolución de la ciencia y de las didácticas específicas”.
De este contexto
legal, entre otros, se desprende que la formación del profesorado
debe ser objetivo prioritario de la política educativa, como factor
que potencia la calidad de la enseñanza y como elemento indispensable
para un buen ejercicio personal y profesional de los docentes.
En consecuencia,
la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, a través de la
Dirección General de Ordenación Académica, se propone coordinar las
actuaciones formativas dirigidas al profesorado mediante el
establecimiento de un Plan General de Actuación que sirva de referencia básica común y garantice una
efectiva sinergia de las actuaciones provenientes tanto de la red
institucional como de otras instituciones y entidades colaboradoras
que tengan convenio con la Comunidad de Madrid: Universidades,
Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales y organizaciones
sin finalidad de lucro, con experiencia en el campo de la formación
permanente del profesorado.
Es necesario, pues, establecer estrategias de participación para
unificar criterios y optimizar recursos, partiendo de que el centro
educativo ha de ser considerado como eje vertebrador de la
planificación y ejecución de los procesos formativos, de
asesoramiento y de innovación.
